Ponce –  La servidumbre reservada para el rechazado proyecto del gasoducto entre Guayanilla y Salinas debe ser destinada para la Gran Ciclovía del Sur exigió el colectivo ciclista conocido como Energía Roja y Negra.

Según una resolución aprobada y distribuida por el grupo de activistas, la información provista por la propia agencia proponente del gasoducto, la Autoridad de Energía Eléctrica, apunta a lo inadecuado e innecesario de gastar setenta y cinco millones de dólares en un proyecto que a lo sumo representa tres por ciento de ahorro en la factura de los consumidores.

A lo absurdo del ahorro frente al costo, el proyecto además representa un riesgo innecesario para las comunidades, así como una devaluación de los terrenos urbanos y agrícolas impactados,  denunciaron en la resolución los activistas del pedal.

De igual forma, la resolución detalla los beneficios comunales, económicos, sociales, e individuales de convertir la servidumbre reservada para el gasoducto en una cicloruta que estimule el desarrollo del turismo, la salud y la recreación en la región.

A estos beneficios se le suma el bajo costo de construcción y desarrollo de las ciclovías, el bajo impacto ambiental y el estimulo a la economía local relacionados con los proyectos ciclistas.

Gg/fin

RESOLUCIÓN

Para oponernos a la construcción del Gasoducto del Sur y proponer que en su lugar se construya la Gran Ciclovía del Sur

Energía Roja y Negra es un colectivo de ciclismo comunitario que promueve el uso de la bicicleta como medio alterno al carro de transportación urbana, por ser el vehículo más ecoamigable y económico. Energía Roja y Negra organizada en los principios del neoanarquismo no tiene una jerarquía, directiva o gobierno de tipo alguno, tampoco posee una matrícula registrada.  Es una organización no gubernamental, comunitaria donde los miembros se adhieren libremente a los objetivos de la organización simplemente pedaleando y defendiendo los derechos que la ley reconoce a ciclistas y peatones y exigiendo respeto para todos.

Observamos que en los pasados meses el gobierno ha provocado una controversia acerca de la construcción de un gasoducto para transportar gas natural desde las facilidades de Ecoeléctrica en Peñuelas hasta la planta de la Autoridad de Energía Eléctrica en Aguirre a lo largo de aproximadamente 43 millas y cruzando decenas de comunidades, plantaciones agrícolas y discurriendo en a lo largo de algunas de las principales vías de rodaje de la zona sur del País.

Por cuanto, la información de la propia Autoridad de Energía Eléctrica claramente establece lo innecesario del proyectado Gasoducto del Sur dado que tendrá un costo proyectado de $74 millones de dólares y solo tendrá una vida útil de 60 años, eso es más de 1 millón de dólares por año, mientras que admiten que el precio del gas natural fluctúa igual que el del petróleo por lo que no hay manera de garantizar la costo-efectividad del proyecto.  Además, en un sistema capitalista de mercado es razonable y lógico asumir que el precio del gas va a aumentar según aumente la demanda por el producto.

Por cuanto, según admisiones de los funcionarios de la propia Autoridad de Energía Eléctrica, incluyendo el nuevo director ejecutivo de la corporación pública, el proyecto es un fracaso desde la perspectiva de los consumidores que ellos reconocen que no se ahorraran más de 3% en la factura de electricidad y no solo no eliminará la partida de ajuste por combustible, que es la porción más alta de las facturas de electricidad hoy día, si no que por el contrario ellos planifican obtener los 74 millones del costo proyectado de esas partidas, obligando de esta manera a los abonados de la AEE a asumir el costo del proyecto.  Esto constituye un caso claro de socialización de los costos que solo sería legítimo si las ganancias o beneficios proyectados, que según los mismos funcionarios no exceden de 30% de ahorro para la AEE se transmitieran íntegramente al abonado.

Por cuanto, el proyectado gasoducto se ha demostrado que tiene un efecto negativo en el valor de las propiedades aledañas al mismo y les aumenta los costos por seguro a dichas propiedades. También, presenta un efecto perjudicial a la paz y consecuentemente la salud emocional de los residentes de las comunidades por donde pasará el tubo, dado el peligro potencial que representa de accidentes de todo tipo desde escapes hasta explosiones.  El proyectado gasoducto pone en riesgo innecesario la vida, seguridad y tranquilidad de miles de ciudadanos puertorriqueños que residen, trabajan, estudian o se mueven a través de las vías paralelas a la ruta proyectada.

Por cuanto, la información ofrecida por la Autoridad de Energía Eléctrica y las corporaciones que se beneficiaran directamente de la construcción de semejante proyecto, por admisión de los funcionarios de estas, es falsa total o parcialmente.  Las medidas son inexactas.  Además, según algunos de los principales científicos conservacionistas el tubo tendrá un impacto ambiental sumamente negativo para una diversidad de especies nativas de flora, fauna y de ecosistemas a lo largo de su ruta.

Por cuanto, el limitado beneficio del proyecto, si alguno, para los abonados residenciales, no justifica los graves riesgos para la vida, salud y seguridad de los residentes de las comunidades y usuarios de las vías de transporte o los establecimientos académicos, agrícolas, industriales y comerciales que quedaran dentro de la zona de máximo peligro del tubo.

Por cuanto, las comunidades en el ejercicio legítimo de su libertad de expresión se han expresado de diversas maneras en contra del proyectado tubo de gas, exigiendo el derecho democrático que las asiste de participar en las decisiones que afectan directamente sus intereses; y, que los riesgos a la vida, la salud y la seguridad de sus personas y propiedades son los más grandes intereses que pueden tener las personas en una supuesta democracia.

Por cuanto, la construcción de este proyecto no responde a la tendencia global de búsqueda de alternativas de energía no-renovables y la reducción en el uso de hidrocarburos.  Tampoco responde a un proyecto con objetivos claros de disminuir la dependencia del país en combustibles importados.  No se ha presentado evidencia por parte de la AEE y las corporaciones beneficiarias de planes para sustituir o actualizar la tecnología de las estaciones de producción de energía existentes a plantas que funcionen a base de combustibles autorrenovables.  Toda la evidencia histórica reciente demuestra que la AEE está concentrada en adquirir energía que no ha demostrado que el país necesite de empresas privadas de producción de energía de formas diversas y que no necesariamente responden a la política pública o a las tendencias internacionales antes mencionadas.

Por otro lado,

Por cuanto, en Puerto Rico existe una política pública a favor del desarrollo de facilidades para la transportación en bicicleta, según la Ley # 132 del 3 de junio de 2004 que en su Artículo 11.02 Política Pública, prescribe: “Se declara como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico proveer las condiciones que permitan y promuevan el uso y disfrute de la bicicleta como medio de transporte o recreación.”

Por cuanto, existe una necesidad de alternativas seguras de transportación y recreación ya que está demostrado que el mayor obstáculo para que más gente comience a usar la bicicleta como medio de transporte urbano, a pesar de la demostrada eficiencia, valor, economía y bajo impacto ambiental, es el temor al riesgo que representa el tráfico motorizado.

Por cuanto, una ciclovía que una los pueblos de la costa sur del país, desde Peñuelas hasta Salinas-Guayama contribuiría de manera significativa a la economía de las comunidades, fomentando el pequeño comercio de diversa naturaleza como ha sido el resultado en otros lugares de Puerto Rico, los EEUU y la experiencia de otros países de casi todos los continentes.

Por cuanto, un espacio recreativo de esta naturaleza contribuiría de manera positiva a la recreación familiar, turística y como se ha demostrado influiría positivamente en la salud mental y emocional de los ciudadanos; reforzaría la unidad familiar y comunitaria y contribuiría de manera significativa a la seguridad de las comunidades y las áreas comunales como lo señalan varios de los principales sociólogos puertorriqueños, al retomar la comunidad los espacios públicos.

Por cuanto, este tipo de proyectos contribuiría a reducir el problema de la congestión de vehículos motorizados que afecta la transportación terrestre dentro de las áreas urbanas y en los accesos a las principales áreas urbanas y centros académicos, industriales y comerciales de la zona sur del País.

Por cuanto, ya que los trabajos de construcción del gasoducto están en la etapa de limpiar la servidumbre para la instalación del tubo, esa inversión no se  perderá ya que constituye un espacio ideal para el desarrollo y construcción de una Ciclovía a través de los pueblos de la costa sur del país desde Peñuelas hasta Salinas-Guayama.

Por tanto, de acuerdo y basados en todos los argumentos anteriores, la mayoría tomados de las declaraciones de funcionarios de la AEE y otras agencias y documentos gubernamentales, se resuelve por parte del colectivo de ciclismo comunitario Energía Roja y Negra, lo siguiente:

Exigimos que para el bienestar de la comunidad de los pueblos de la Costa Sur y el disfrute de todos los ciudadanos de Puerto Rico y nuestros visitantes,  que se utilice la servidumbre del fracasado proyecto del gasoducto para la construcción de la Ciclovía del Sur que una los pueblos desde Peñuelas hasta Salinas-Guayama. 

La construcción de la Ciclovía del Sur costaría una fracción mínima de los $74 millones que alegadamente hubiera costado el gasoducto del sur.  Lo que no representaría un endeudamiento de la Corporación Pública que los consumidores tendrían que pagar a largo plazo.  Por el contrario se puede convertir en un eje económico para toda la región. 

La Ciclovía del Sur no tendrá el impacto negativo en los ecosistemas de la región; y por el contrario tiene las características para convertirse en un atractivo turístico para los observadores de las aves y la naturaleza en general, así como para aquellos que disfrutan del ecoturismo, una fuerte tendencia del turismo mundial.

Exigimos además de las autoridades públicas, gubernamentales de Puerto Rico, los incumbentes y los que puedan ser elegidos en las elecciones generales del 4 de noviembre de 2008, un compromiso firme a favor del Pueblo Puertorriqueño de que sus administraciones cesarán el dañino proceso de socializar los costos y privatizar las ganancias, que tanto ha perjudicado al país y que ha llevado al gobierno a la terrible crisis de credibilidad y gobernabilidad, además de económica que nos aqueja. 

La construcción de la Gran Ciclovía del Sur en sustitución del desacreditado gasoducto será un símbolo de un verdadero cambio, no solo de política pública, sino de dirección en contra de la corrupción y a favor del bien común de todos los puertorriqueños. Y, una señal de una administración pública que escucha y atiende con seriedad los planteamientos de los ciudadanos relacionadas con las decisiones que afectan sus comunidades y sus necesidades.

Para que así conste los ciudadanos y residentes de Puerto Rico, representados por Energía Roja y Negra así lo suscriben, física o virtualmente, durante los últimos meses del 2008.